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Destituida supervisora, tras escándalo de alimentos escolares en Oporapa

Gobernador Carlos Julio González Villa dijo que no tolerará casos de corrupción en Oporapa, ni en ningún otro municipio del Huila.
Madres de familia que trabajan en los restaurantes escolares piden que ojala les paguen el minino y le denuncias que les hacen firmar un contrato que no les dejan leer.
Ayer en Oporapa se hizo presente una comisión de la gobernación del Huila quien llegó a indagar sobre la situación de presentada en los restaurantes escolares donde aún quedan tentáculos de la corrupción, cuyas anomalías quieren tapar a punta de mercados de los restaurantes.
Dentro de los primeros resultados de las investigación por orden directa del gobernador del Huila Carlos Julio González Villa, ordenó la destitución inmediata de la señor supervisora de los restaurantes escolares Kelly Yuliana Torres quien antes que defender el bienestar de los niños y el de los restaurantes que supervisaba se puso de lado del contratista, constituyendo esto una falta grave que demuestra el grado de corrupción que se pretende manejar por parte de los contratistas que funcionan gracias a los dineros destinados a los restaurantes escolares del Huila.
De las investigaciones queda del caso de Oporapa, que fue noticia nacional, queda en la cuerda floja la proveedora o suministradora de los alimentos Nora Becerra quien según denuncias de los padres de familia les regala mercados destinados a los restaurantes a las preparadoras de los alimentos ( manipuladoras) para que callen y no hablen mal y “digan que los productos son buenos que, son chismes y que la entrega de la pesa de los productos es exacta y de excelente calidad”. También varios padres de familia han denunciado que la señora Yenny Robles del Restaurante de la Institución San Roque, defiende a la señor Nohora Becerra y la acusan de mala preparación de los alimentos y mal trato a los niños.
Manipuladoras de los restaurantes a quienes las firma contratista las ha buscado para preparar los alimentos, afirman que la interventora, ni el contratista les permiten leer el contrato que les hicieron firmar y los pagos son irrisorios ($20.000.oo el día), piden que ojala les paguen siquiera un salario mínimo, pues les pagan solo los días trabajados. (Tenemos las grabaciones de estas denuncias).
Por: Elmer Peña Castro

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