Horas más tarde, a través de su cuenta en Facebook, el Alcalde de Neiva hizo referencia a la publicación y afirmó lo siguiente: “Los invito a rechazar esta publicación y este medio que se presta para promover hechos falsos. Yo lo voy a hacer ante Facebook y ante las autoridades competentes.”
Cerca de las nueve de la noche, Vladimir Salazar, asesor jurídico de la Alcaldía, llamó en dos ocasiones al medio de comunicación. Según los periodistas, la llamada fue intimidante y les advirtieron que si no eliminaban el contenido, los iba a demandar. En la última comunicación el funcionario aseguró que les daba una hora de plazo para eliminar la publicación. Según Sánchez, él pidió únicamente una réplica para el alcalde.
Sobre las 10:35 pm, el medio recibió un mensaje directo a su cuenta en Facebook desde una cuenta anónima que decía "BORREN ESA MIERDA O ACTUAMOS, ESTAN ADEVERTISOS" (sic). Cerca de la media noche, un hombre en moto pasó frente a las instalaciones del medio y gritó "Onda Opita están muertos".
Al día siguiente los periodistas decidieron retirar el contenido. Para la fecha de la publicación de este pronunciamiento, y por la falta de garantías para la seguridad de los periodistas, el artículo de Onda Opita no está al aire y esto afecta el derecho del medio a informar y de los lectores a recibir información.
La FLIP (Fundación para la libertad de prensa)
La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de los periodistas, debido a que Rodrigo Lara, como principal autoridad del municipio y directamente señalado en la publicación, no ha expresado públicamente el rechazo a estas amenazas.
La FLIP le hace un llamado al alcalde de Neiva para que se abstenga de hacer declaraciones que pongan en riesgo a los periodistas del municipio. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha sido enfática en declarar que son los funcionarios públicos quienes tienen la obligación de adoptar un discurso favorable para el ejercicio periodístico. “La obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”, expresa la Relatoría.
La FLIP exige que la Fiscalía investigue los hechos y sancione a los responsables. También hace un llamado a la UNP para que brinde garantías para el ejercicio del oficio.
Fuente; http://flip.org.co/
