santiago_interior_noticias“La Sala cuenta con información suficiente que permite concentrar su trabajo a partir del informe N° 5 que la Fiscalía entregó a la Justicia Especial denominado ‘muertes legítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’”, advierte el auto con el que la JEP abrió esta investigación la semana pasada.
El informe de la Fiscalía identificó un total de 2.248 víctimas de “falsos positivos” entre 1988 y 2014, en casi la mitad de los casos hombres jóvenes de entre 18 y 30 años, quienes se dedicaban a las labores de campo y trabajos informales en las ciudades. La Fiscalía aseguró además que 5.626 personas han sido procesadas por estos delitos, de los cuales 3.826, el 68% del total, eran soldados en el momento en que ocurrieron los crímenes. También se han enjuiciado a 992 suboficiales (17,6 %), 514 oficiales (9,1 %) y 133 civiles (2,4 %).
El ente registró muertes de civiles hechos pasar por guerrilleros en al menos 27 de los 32 departamentos del país. La mayoría de los casos se concentraron, en Antioquia, con el 29,4% de estos asesinatos, seguido por Meta con 268, Tolima con 139, Caquetá con 137, Cesar con 136, Casanare con 133, Norte de Santander con 122 y Huila con 103 ‘falsos positivos’.
¿QUÉ TUVO EN CUENTA LA JEP?
Para la JEP, se ordenó la priorización de las ejecuciones extrajudiciales debido a aspectos importantes como la vulnerabilidad de las víctimas, la afectación a los sujetos colectivos, la representatividad de los responsables, la gravedad de los hechos, la magnitud de la victimización y la disponibilidad de información.
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz confirmó que además del informe de la Fiscalía, la JEP actuará basado en un documento que produjo la Corte Penal Internacional, que a su vez se apoyó en informaciones recopiladas por la Organización Human Rights Watch, HRW, que recrearon como “soldados y oficiales, presionados por superiores para que demostraran resultados “positivos” e incrementaran el número de bajas en la guerra contra la guerrilla, se llevaban por la fuerza a sus víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, como ofertas de empleo, para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos”.
LO QUE OCURRIÓ EN EL HUILA
De acuerdo con el informe de HWR, que motivó la lupa de la Corte Penal Internacional, CPI, y ahora de la JEP, en el Huila se cometieron presuntamente, entre 2004 y 2008, 119 ejecuciones extrajudiciales, cuya responsabilidad es atribuida a varias unidades bajo el mando de la Novena Brigada con sede en Neiva.
Las unidades militares con más ejecuciones extrajudiciales son: el Batallón Magdalena con sede en Pitalito, con 47 casos, y el Batallón Pigoanza con sede en Garzón, con 45 casos.
En el caso del Batallón Magdalena, en sólo dos años -2007 y 2008-, se presentaron 37 presuntos ‘falsos positivos’. Por su parte, en el Batallón Pigoanza, 2007 -con 17 casos- fue el año con más supuestas ejecuciones extrajudiciales.
BATALLÓN MAGDALENA
Uno de los presuntos ‘falsos positivos’ atribuidos al Batallón Magdalena y que HRW documentó es el de Albeiro Hernández Cerón, en jurisdicción del municipio de Isnos, el 15 de agosto de 2007. Otro hombre fue engañado y detenido junto con Hernández en el mismo incidente, pero logró sobrevivir. El hombre contó que a él y a Hernández les habían ofrecido un trabajo temporal en una finca, pero que cuando estaban siendo llevados al lugar, los soldados detuvieron el automóvil y los ataron. Tras recibir un disparo en la clavícula, echó a correr y pudo escapar. Dijo que también recibió disparos en los testículos mientras huía.
Un informe oficial confirmó que Albeiro Hernández Cerón, el único muerto, no había disparado ninguna arma, como lo informó el Ejército. Junto al cadáver encontraron una pistola de juguete y tres vainillas calibre 32, distintas al calibre de la pistola.
BATALLÓN PIGOANZA
De los 45 casos de ejecuciones ilegales presuntamente cometidas por el Batallón Pigoanza está el de la muerte, el 15 de diciembre de 2006, de Otoniel Oviedo, en comprensión municipal de Gigante.
En este episodio fueron involucrados un teniente y cuatro soldados. Los militares habían informado que Oviedo era un miembro de las Farc muerto en combate; sin embargo, la investigación del fiscal determinó que la víctima era en realidad un campesino y líder comunitario.
¿QUÉ VIENE?
La idea que tiene la JEP es que tras haber asumido la investigación de los ‘falsos positivos’, empiece la etapa de reconocimiento de verdad y responsabilidad.
Oscar Parra, uno de los magistrados de la JEP, informó que ya van empezar a llamar a versiones voluntarias a los responsables.
Articulo tomado del diario LANACIÓN.COM.CO
