El Juez Séptimo Administrativo de Neiva ahogó ayer el primer Acuerdo verde que frenaba en Pitalito la megaminería de alto impacto. El Juez expresó que los concejales se extralimitaron. Ambientalistas anuncian movilizaciones de protesta. La nulidad promovida por el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería, ganadores de esta primera batalla.
El acuerdo 036 expedido en el 2016 por el Concejo de Pitalito, prohibiendo la construcción de nuevas represas, naufragó ayer en un inesperado fallo proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva.La misma decisión, podrá replicarse con los demás acuerdos, por lo menos en tres acciones similares que se tramitan en ese despacho, entre ellos los de Altamira y San Agustín.
La decisión fue anunciada durante la audiencia de alegatos, ante la sorpresa de los concurrentes, quienes anunciaron que impugnarán el “fallo exprés” que declaró en primera instancia la nulidad promovida por el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería ganaron, ganadores de esta primera batalla.
La ofensiva jurídica iniciada el año pasado estaba orientada a frenar las acciones populares convocadas por las comunidades y autoridades locales para impedir la mega minería por los impactos irreversibles al medio ambiente.
Insólitamente, las dos entidades oficiales, demandaron la nulidad de los acuerdos municipales, expedidos por los concejos locales, promovidos por los alcaldes, los gobernadores del Huila Carlos Mauricio Iriarte y Carlos Julio González, líderes de la comunidad y organizaciones sociales.
Las dos entidades, apoyados por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, estimaron que los concejales se extralimitaron porque no tenían competencia para prohibir una actividad legal.
“Quedamos sorprendidos. Fue un fallo exprés que ya lo estaba preparado, sin considerar los argumentos de fondo que las partes sustentaron durante los alegatos”, afirmó el académico Miller Dussán Calderón, quien apoyaba a la parte afectada.
“Estamos verdaderamente decepcionados con esta decisión porque no se consideró la argumentación que se presentó. No comprendemos el afán para decidir, seguramente para quedar bien con el Ministerio de Minas”, insistió Dussán Calderón.
La iniciativa
El Acuerdo 036 fue aprobado el 5 de diciembre de 2016 por el Concejo de Pitalito luego de las grandes movilizaciones ciudadanas para impedir la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos y de paso, restringir la gran minería por los impactos colaterales causados al medio ambiente
La iniciativa ciudadana fue tramitada ante las reiteradas solicitudes que se tramitaban para la construcción de grandes represas en el sur del Huila.
El acuerdo prohibió la construcción de represas en su territorio, la minería a cielo abierto, subterránea y por disolución a gran escala y cualquier proyecto de exploración y explotación petrolera convencional o no convencional. Sólo excluyó la pequeña y mediana minería.
La iniciativa fue liderada por el alcalde Miguel Antonio Rico y sólo autoriza la pequeña minería, la extracción de materiales de construcción y el uso de arcilla, materia prima para la industria artesanal.
Los concejos de Oporapa, Elías, El Agrado, Timaná, Íquira y Acevedo siguieron en la misma ruta. Los concejos de Isnos, Altamira y San Agustín también aprobaron otros acuerdos similares y preparan consultas populares con el mismo fin.
La controversia
La restricción de estas actividades se amparó en el principio de autonomía territorial y las expresas facultades constitucionales de los concejos para determinar los usos del suelo y planear el desarrollo local, soportados, entre otras por la sentencia t-445 de la Corte Constitucional, “inaplicable” según lo argumentó, Carlos Alberto Álvarez Pérez, abogado del Ministerio de Minas.
En su criterio, los entes territoriales no tienen una facultad constitucional o legal para prohibir actividades minero energéticas en sus territorios a través de un acuerdo. “No puede prohibir una actividad que es legal en todo el territorio colombiano sin vulnerar otros derechos”, sostuvo ayer en audiencia pública. “El acuerdo tiene ostensibles vicios de legalidad y constitucional”, insistió.
Coincidencia
La misma argumentación fue retomada por el juez administrativo de Neiva y en la misma audiencia de alegatos, dictó sentencia.
“Tanto la Nación como los municipios no pueden decidir de manera unilateral y aislada sobre la explotación de los recursos naturales. Sí pueden decidir sobre la protección del medio ambiente. La protección no se ejerce prohibiendo una actividad”, insistió el togado”, argumentó el juez.
“Aunque es loable la acción del municipio se basa en una noble causa y hace bien querer proteger el medio ambiente, pero no lo hace de una manera legal, y por eso, a la postre, el acuerdo resulta nulo”, recalcó.
Coincidiendo con la tesis del Ministerio de Minas, el despacho judicial consideró que el Concejo de Pitalito se extralimitó en sus funciones en razón a que asumió un asunto que es de interés estatal.
“A los concejales les faltó tacto al estimar que la explotación de los recursos naturales está en cabeza del Estado y que es la ley la que puede limitarla. “Esa decisión no la podía adoptar de manera unilateral ya que está sometida a reservas de ley abrogándose de ese modo la competencia del legislador la cual se entiende exclusiva y excluyente” afirmó Rubiano Herrera.
“Si mantuviésemos la presunción de legalidad del acuerdo implicaría permitir que las autoridades municipales limiten una actividad de utilidad pública e interés estatal como la minería y la actividad minero-energética”. En este caso, concluyó, es dable retirar del ordenamiento jurídico el citado acuerdo.”
“Ensimismo constituye una afrenta a la ley y a la constitución. Sin perjuicio de dejar considerado que evidentemente el Concejo buscaba aunque de manera equivocada la satisfacción del interés de sus comunidades que es lo que la administración pública debe propender”.
Movilización
La contraparte también anunció que impugará, entre ellos Oscar Javier Reyes Pinzón, Jenny Alexandra Herrera (coadyuvantes), y los apoderados de la Alcaldía y del Concejo, Luis Fernando Narváez Lamilla y Jesús Alberto Castro Bravo.
Miller Dussán, presidente de Asoquimbo, anunció que recurrirán a la protesta para exigir la legalidad del acuerdo. “Claro que vamos a impugnar, ese fue el acuerdo a que llegamos, vamos a apelar el insólito fallo, vamos a recurrir a los mecanismos jurídicos para que se revoque y se mantenga la legalidad de este y los demás acuerdos- Pero por supuesto, que nos vamos a movilizarnos porque estamos indignados”, afirmó.
Por: RICARDO AREIZA
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