Policia confesó que se volvió adicto por consumir las drogas que incautó


José Ricardo Barrera contó su historia en una tutela que interpuso ante la Corte Constitucional para reclamar atención en salud por parte de la institución.




El patrullero, de 24 años, fue agente durante 4 años y apoyó operativos en los que se decomisaban grandes cantidades de sustancias psicoactivas en zonas de alto consumo, en Medellín.

Según le dijo Barrera a la Corte, comenzó a consumir las sustancias decomisadas “como consecuencia de sus labores cotidianas, las pocas horas de sueño y la responsabilidad de dar resultados a sus mandos”.

Barrera señaló que su comandante conoció la situación y lo remitió a los servicios médicos hasta que decidió entrar en un centro de rehabilitación. El pasado 24 de abril, se diagnosticó con trastornos mentales y del comportamiento como consecuencia del consumo de drogas, con una disminución de la pérdida de la capacidad del 10%.

Una vez se conoció ese dictamen, se determinó que no era apto para ser reubicado, y fue desvinculado de la Policía y del subsistema de salud de la institución “sin tener en consideración su condición de paciente con diagnóstico de consumo de sustancias psicoactivas, en tratamiento continuo”.

Con esa decisión, a juicio de la Corte, se puso en riesgo su vida porque cuando se interrumpió su atención, se generó resistencia y redujo la efectividad de los tratamientos. Por eso, Barrera acudió al alto tribunal y le pidió que interviniera para recibir un servicio integral de salud.

Al estudiar el caso, la Corte determinó que el Sistema Prestacional de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional tiene “la obligación de continuar prestando los servicios de salud, aun cuando, la persona deja de estar en servicio activo y no goza de asignación de retiro ni de pensión”.




Según explicaron los magistrados, el principio de continuidad “implica que el servicio de salud se debe suministrar de manera ininterrumpida, constante y permanente, como expresión del deber del Estado de garantizar su prestación en términos de eficiencia”.

Si bien, para recibir ese servicio, la persona debe prestar el servicio a la institución, el alto tribunal recordó que existen tres excepciones:

– Cuando la persona haya adquirido una lesión o enfermedad antes de incorporarse a las fuerzas militares sin que hubiera sido detectada en los exámenes de ingreso.
– Que la patología que lo aqueja se dé durante la prestación del servicio -producto directo del servicio o con ocasión del mismo- y sea la causa directa de la desincorporación.
– Se requiera de la práctica de exámenes especializados para determinar el nivel de incapacidad laboral de la persona o el momento en que esta fue adquirida.

En ese sentido, al patrullero Barrera se le aplicaba el segundo caso, porque adquirió su enfermedad prestando el servicio y fue la causa de su desvinculación, estaba en tratamiento y tiene derecho a ser atendido en forma integral.

Por eso, la Corte ordenó que se le atendiera en la institución “hasta que recupere su condición de salud o se haya afiliado al Régimen General de Seguridad Social en Salud”.





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