El detenido alcalde electo y no posesionado de El Agrado, Carlos Alberto Murcia Méndez, además del proceso penal por corrupción electoral tendrá que defender también su credencial.
El joven político conservador permanece detenido en la cárcel de Garzón, conjuntamente con la ex alcaldesa Waldina Losada Vega y la concejal Bertilda Ramírez Valderrama, por un entramado de corrupción que mantiene hoy en interinidad a la administración de esa localidad.
“Su elección no se ajustó a los presupuestos constitucionales toda vez que afectó la libertad y voluntad de los electores mediante una organización cuyo propósito era la compra y venta de votos para beneficiarse”, aseguró el abogado Guillermo Leiva Aguirre, quien demandó su credencial.
Las denuncias reiteradas de la comunidad originaron una investigación de la Fiscalía que terminó con la capturas de los primeros tres implicados, entre ellos el mandatario electo, quien no pudo asumir el cargo el primero de enero.
La acción pública de nulidad electoral fue instaurada ante el Tribunal Administrativo del Huila por las irregularidades que rodearon el desarrollo de la campaña y la realización de la jornada comicial en la que resultó triunfador por un estrecho margen.
Leiva Aguirre había denunciado desde el año pasado varias anomalías en el proceso de escrutinios. Entre otras, inconsistencia en el trámite del Formulario E-14 (reconteo), en la negativa de los escrutadores para el reconteo de los votos y omisiones en el trámite de las reclamaciones.
El demandante cuestionó las supuestas prácticas corruptas del señor Carlos Alberto Murcia Méndez, quien presuntamente desarrolló con la alcaldesa saliente, para salir electo. Ente otras, mencionó la entrega de favores personales a cambio de votos, la entrega de prebendas y dádivas a través de programas sociales de la Alcaldía.
“Este actuar, contrario a los principios democráticos que tornan procedente el estudio de la elección
demandada”, anotó.
Las pruebas
Según la Fiscalía, los tres detenidos y otros servidores públicos y particulares, realizaron prácticas que atentaron contra la libertad del sufragio, que significaron la coacción, violencia sicológica y vulneración de la libertad de los electores, al ofrecerles dádivas y prebendas en especie a cambio de del voto.
En su criterio, el resultado electoral fue interferido por los votos obtenidos fraudulentamente, lo afectó también al candidato que siguió en votación, Edison Johan Sánchez.
La funcionaria aseguró que la Fiscalía cuenta con suficientes elementos materiales probatorios y evidencia física para demostrar las maniobras fraudulentas de la estructura criminal electoral detectada, que se dedicaba principalmente a la compra de votos. Pero además, con la capacidad para obstruir a la justicia a través de políticos y altas personalidades para desviar o interferir en las investigaciones.
Los resultados
El alcalde electo Carlos Alberto Murcia Méndez, del Partido Conservador, obtuvo 2.740 votos que representan el 47,52%, mientras que el candidato liberal, Edison Johan Sánchez España, quien obtuvo 2.579 votos (el 44,73%).
La estrecha diferencia (161 votos) demostró las presiones indebidas ejercidas para cambiar la voluntad popular.
Los votos obtenidos de esta manera en gran medida fueron fruto de maniobras fraudulentas a través de una organización estructurada dedicada a la compra de votos y, con ello, a alterar la realidad y voluntad de las personas, mediante la influencia indebida en el electorado y la restricción de la libertad para escoger por quién votar.
“En este sentido, armó, la presión económica se constituye en una especie de coacción que atenta contra la libertad del sufragio, pues quien vota por alguien que le dio algún tipo de incentivo económico, no solo lo hace por esta razón, sino por el miedo de ser reprendido si incumple con el ilícito acuerdo”.
La campaña política, según los testigos, estuvo rodeada de irregularidades que afectaron directamente la democracia, la libertad de elección, el orden público, político y social, además de desconocer directamente los postulados del artículo 258 de la Constitución Política.
