Gobierno prepara llegada de 144 vehículos para la FF.MM, mientras médicos claman por sus pagos


Se espera que los vehículos comiencen a ser distribuidos en los lugares donde operan grupos delincuenciales como el Eln, las disidencias de las Farc y los grupos narcoparamilitares. 

 Sin embargo, por otro lado se encuentran los profesionales de la salud que a diario se enfrenta a la pandemia sin tener y garantías laborales y además reclaman por el pago de sus salarios atrasados. Hace solo unas semanas se conoció el caso del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, donde médicos, enfermeros, auxiliares y en general el personal del centro de salud, realizaron una protesta en la que reiteraron sus reclamos por falta de garantías laborales y los retrasos en los pagos de sus salarios. Es por esto que ya se han levantado voces que rechazan la inversión militar lo que ha generado toda serie de molestias entre los opositores del presidente Duque, por considerarlo un gasto innecesario en momentos de pandemia. Una de las voces que ha resonado es de la presidenta del partido MAIS, Martha Peralta Epieyú, quien criticó que el Gobierno nacional no destine esos dineros a contratar y proteger a quienes están en la primera línea contra la COVID-19: los profesionales de la salud. En una encuesta realizada por la Contraloría General de la República se conoció que en el país hay un 40 por ciento del personal de la salud en planta con un contrato a término indefinido, los demás tienen vinculaciones laborales inseguras. Así, el 38 por ciento es contratista por prestación de servicios, el 13 por ciento tiene un contrato tercerizado, el 6 por ciento es provisional y el 3 por ciento restante está por libre nombramiento y remoción. Según el organismo de control en el sector de salud hay unos “niveles de informalidad” alarmantes ya que muchos trabajadores en vez de tener un contrato laboral, tienen contratos por prestación de servicios que les implica cargas adicionales, que los deja sin una vinculación laboral, sin prestaciones ni estabilidad. Por otro lado, el 22 por ciento de los profesionales de la salud manifestaron a la Contraloría que el pago de sus honorarios no es puntual, sobre todo en Cesar, Antioquia y Caquetá. Al 14 por ciento les deben su salario desde hace tres o seis meses, el 5 por ciento dijo que desde hace 6 a 10 meses, y un tres por ciento dijo que llevan más de 10 meses sin pagarles. Esta situación también influye en la seguridad del personal médico, pues aunque un 68 por ciento le dijo al organismo de control que no tiene ninguna dificultad para trasladarse al trabajo, el otro 19 por ciento dijo que faltan medios de transporte; el 6 por ciento, que faltan medidas sanitarias en los medios de transporte, y el otro 7 por ciento habló de otro tipo de dificultad.
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