Durante el periodo atípico del gobernador del Huila Carlos Mauricio Iriarte Barrios, perteneciente al liberalismo 'villalvista,' se presentaron graves irregularidades en la contratación de los servicios de Internet y de los establecimientos educativos del departamento.
Así lo revela un informe entregado por la Contraloría General de la República en el comunicado de prensa No. 139
El siguiente es el texto completo del informe emanado del principal ente de control fiscal del país:
Comunicado de Prensa No. 139
La Gobernación del Huila habría efectuado pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales, generando una pérdida de recursos superior a los $1.172 millones de pesos.
Los pagos se encontraban previstos como parte de un contrato interadministrativo que tenía por objeto la prestación de los servicios de Internet, a los establecimientos educativos del Huila.
Los hallazgos se evidenciaron en una auditoría a los recursos del Sistema General de Participaciones, ejecutados por la Gobernación del Huila para población educativa atendida para conectividad.
Bogotá, D.C., septiembre 15 de 2017.
Una pérdida de más de $1.172 millones de pesos, estableció la Contraloría General de la República en un contrato suscrito por la Gobernación del Huila con recursos del Sistema General de Participaciones –SGP- para prestarle servicios de Internet a los establecimientos educativos del departamento.
Con recursos del Sistema General de Participaciones – SGP ejecutados por la Gobernación del Huila, se suscribió el Contrato Interadministrativo número 0829 de 2015 con el objeto de prestarle los servicios de Internet a los establecimientos educativos del departamento. La cuantía del contrato superaba los $1. 953 millones de pesos, pero desde la etapa precontractual se presentaron deficiencias dentro del proceso, que resultaron en una pérdida de más de $1 mil 172 millones de pesos, según pudo establecer la Contraloría General de la República.
Estudios fantasma en la contratación
Los estudios previos del contrato, por ejemplo, se expidieron el día 11 de mayo de 2015. Sin embargo, mediante Acta No. 56 del Comité de Contratación del departamento, los estudios ya habían sido aprobados desde el 30 de abril del mismo año. Es decir, según los registros de la Gobernación del Huila, los estudios fueron aprobados desde antes de que existieran.
Pagos sin el incumplimiento de los requisitos
El contrato establecía el pago de un anticipo correspondiente al 40% del valor total, que para su desembolso, debería contar con un Programa de Inversión del Anticipo, previamente aprobado por el interventor del contrato. El siguiente pago previsto en el contrato, equivalía al 30% del valor, que sólo se efectuaría previo visto bueno del interventor.
A pesar de lo anterior, la Gobernación del Huila procedió al pago tanto del anticipo (40%), como del primer pago del contrato (30% adicional), sin que se cumplieran los requisitos exigidos para los mismos, y sin el visto bueno del Interventor del contrato. Los desembolsos se hicieron mediante los comprobantes de egreso números 13.112 y 13.632 de 2015, incumpliendo con las obligaciones del contrato.
Servicios contratados inoperantes
Según pudo establecer la Contraloría General de la República, después de circularizar a cada una de las 222 sedes educativas oficiales del departamento del Huila, la mayoría de los rectores de los establecimientos educativos certificaron la no operatividad del servicio durante la vigencia del contrato. Las visitas efectuadas por la Contraloría a los municipios de San Agustín, Timaná, Garzón Gigante, La Plata, La Argentina, Suaza, Guadalupe, Campoalegre, Palermo, Rivera y Aipe, permitieron concluir que la operatividad del servicio no fue satisfactoria y que la población estudiantil no se benefició con la contratación.
Todo lo anterior, ocasionado por la falta de gestión de la Gobernación del Huila para hacerle seguimiento y control al objeto del contrato, incumpliendo la obligación de constituir una fiducia o un patrimonio autónomo a través del cual se ejecutaran los recursos, violando además lo dispuesto en las cláusulas del contrato, condujo a una pérdida de más de $1 mil 172 millones de pesos.
Tomado de SVCNoticias
