El Ministerio Publico, designó a dos altos funcionarios para que investiguen la conducta de omisión de responsabilidades para brindar atención integral a las victimas del desplazamiento forzado en Pitalito.
Para confirmar o descartar que el exalcalde de Pitalito Pedro Martin Silva y su secretario de gobierno Jorge Enrique Motta Carvajal, desatendieron sistemáticamente a la comunidad victima desplazamiento forzado durante su periodo de gobierno, en las últimas horas la Procuraduría General de la Nación a través de la oficina delegada para los Derechos Humanos de la entidad, abrió investigación formal contra ambos exfuncionarios.
Según se indica en la parte considerativa causal, para la época del mandato el gobierno de Martin Silva no prestó la atención integral ni mostró la suficiente voluntad para trabajar de forma efectiva en el restablecimiento pleno de los derechos de esa comunidad vulnerable en Pitalito.
El proceso que fue instaurado desde el mes de diciembre de 2016 por parte del ente de investigación disciplinaria y busca determinar la responsabilidad del exalcalde laboyano y su secretario de gobierno e inclusión social al omitir la realización de esfuerzos y gestiones tendientes a brindar la plena atención a la población víctima del desplazamiento forzado por cuenta del conflicto armado interno.
Tras la designación del procurador delegado con funciones disciplinarias, se determinará si hay o no merito para sancionar la conducta inicialmente determinada como negligente por parte de los dos exfuncionarios.
Se conoció que dos altos funcionarios de la entidad llegarán a Pitalito para continuar las indagaciones correspondientes para determinar si hay o no mérito para imponer las sanciones correspondientes a la conducta tipificada como causal de exclusión de responsabilidad con la prestación de atención y reparación a las victimas del desplazamiento forzado durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015.
El Departamento Nacional de Planeación DNP y la Corte Constitucional, establecen rutas y procedimientos de atención a la comunidad desplazada por el conflicto armado interno, responsabilidad que a juicio preliminar del Ministerio Publico, el exalcalde Martín Silva y su ex secretario de gobierno omitieron prestar con la suficiente robusticidad, agilidad y eficacia pese a contar con los recursos y herramientas disponibles.
La Procuraduría indicó en la notificación respectiva que la actuación se realiza en el marco de las responsabilidades de seguimiento y monitoreo que le debe hacer al cumplimiento institucional a la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas.
