Con una votación de 6 votos a 3, la Corte avaló los argumentos de una demanda radicada por el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes que advierte que la prohibición de la cadena perpetua y la resocialización son parte esencial de la dignidad humana de los condenados.
La decisión mayoritaria avaló una ponencia de la magistrada Cristina Pardo que advertía que la prisión perpetua es totalmente inconstitucional y atenta contra la dignidad y los derechos humanos.
La ley de la cadena perpetua tuvo el aval del presidente de la República y de la Procuraduría General de la Nación y la oposición de varios penalistas que la catalogan como “populismo punitivo“.
