El reporte oficial de la tragedia que se vivió el lunes de retorno de la Semana Santa en la zona denominada Pericongo, entre Altamira y Timaná (Huila), fue de una persona muerta y dos heridas debido a la caída de una roca que aplastó el vehículo particular donde se movilizaban.
Meses atrás, la Gobernación del Huila le había pedido al Gobierno Nacional y a la firma concesionaria Aliadas para el Progreso SAS la adopción de medidas inmediatas ante los riesgos que representa ese tramo de la vía para la movilidad vehicular.
Este hecho, que enlutó al departamento recién pasada la Semana Mayor, también fue el punto de quiebre de un proceso que empezó como una buena noticia para la región: la construcción de una autopista que abarcaría la ruta Santana (Caquetá), Mocoa (Putumayo) y llegaría hasta Neiva pero que en la realidad, a pesar de haber suscrito el acta de inicio en septiembre de 2015, no avanza.
UNA APP
El contrato de concesión firmado entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Aliadas para el Progreso SAS se realizó bajo un esquema de asociación público privada en donde el segundo se compromete, por su cuenta y riesgo, a “la financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, gestión social y ambiental, gestión predial, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor Santana - Mocoa - Neiva”.
Con el número 012-2015 fue identificado el contrato que ascendía, a diciembre de 2013, a $1,65 billones y contempla una longitud de 447 kilómetros (km), con 22 km de doble calzada entre Neiva y Campoalegre, variantes en Campoalegre, Hobo, Gigante, Timaná, Puerto Caicedo, Mocoa y perimetral en Villa Garzón, así como la construcción de 1,97 km en nuevos viaductos. También incluye la ampliación a un tercer carril entre Hobo y Gigante de 5,2 km de extensión, el mejoramiento de las curvas en el sitio Pericongo (donde se dio el desprendimiento de la roca), la construcción de un falso túnel de 390 metros en la vía Pitalito Norte-Garzón y dos falsos túneles de 90 metros cada uno en la vía Mocoa-San Juan de Villalobos.
Aliadas para el Progreso está compuesta por tres firmas: Carlos Alberto Solarte SAS (62,22 %), CASS Constructores SAS (30,78 %) y Latinoamericana de Construcciones S. A. (7 %). Además del anuncio de la rehabilitación de 35 kilómetros de la vía Gigante-Garzón, no ha habido mayores avances. Los retrasos, según reconoció en su momento Carlos Restrepo Mejía, gerente de la concesión, son superiores a un año en la doble calzada Neiva-Campoalegre.
De acuerdo con el alto ejecutivo, algunas de las alteraciones del cronograma se debían a una acción popular instaurada por un concejal del municipio de Rivera buscando proteger los recursos naturales que se podrían afectar en el desarrollo de las obras. Agregó que este tipo de eventos genera dificultades para avanzar y se corre el riesgo que la ANI congele los dineros o decida no inyectarlos en la doble calzada.
INCONFORMIDAD
Específicamente en Pericongo ya se habían encendido las alarmas. Carlos Julio González Villa, gobernador del Huila, afirmó que en distintas oportunidades “dejamos plasmada la preocupación por el alto riesgo que se genera para transeúntes y vehículos automotores el tránsito por este eje vial, exigiendo de manera concreta a la Concesionaria Aliadas para el Progreso y a las autoridades del orden Nacional, tomar acciones concretas para minimizar el riesgo generado por derrumbes y desplazamiento de banca en el sector”.
Al momento de la tragedia solo había paso a un solo carril sobre el mismo punto, “sin que Aliadas para el Progreso ofreciera alternativas de solución para el uso seguro del tramo afectado, exponiendo a un alto riesgo a los usuarios de la vía, bien sea en su integridad física o en sus bienes”, dijo González Villa.
El Consejo Gremial también sentó su voz de protesta por la lentitud de las obras y por el lamentable hecho que cobró la vida de un comerciante.
Ariel Rincón Machado, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Neiva y en representación del Consejo Gremial del Huila, fue enfático en asegurar que la tragedia ocurrida recientemente en el sector de Pericongo se hubiera podido evitar, de haber sido atendidas de forma oportuna las alertas emitidas por el gobierno departamental, la Asamblea Departamental y los gremios económicos.
“Hemos estado muy preocupados desde los gremios económicos por la inactividad de la concesión Aliadas para el Progreso, quien es la encargada del mantenimiento y la ejecución de las obras, pero lo que vemos es que ninguna de las dos cosas está funcionando, ni el mantenimiento ni el inicio de obras”, manifestó.
HABRÍA CADUCIDAD
El presidente de la ANI, Dimitri Zaninovich, quien estuvo esta semana en Neiva y expresó su insatisfacción con el desempeño de la compañía. “Este concesionario tiene hoy 20 procesos de cura y 7 sancionatorios. Le seguiremos exigiendo que cumpla el contrato y que realice las obras”, sostuvo.
Respecto a la situación actual del concesionario, en la que ha manifestado dificultades financieras, Zaninovich explicó que Aliadas para el Progreso tendrá un periodo no mayor a tres meses para que presente su capacidad para construir, mantener y operar la obra, tal y como se pactó en el contrato de concesión.
Destacó que “si no se dan estas condiciones, a la Agencia no le temblará la mano para iniciar el proceso de caducidad del contrato”.
Tomado de portafolio.co
