La denuncia fue presentada el pasado 10 de mayo ante la Procuraduría Provincial de la ciudad de Garzón y la Fiscalía General de la Nación por el Ingeniero Heinneman Martínez Camacho por irregularidades en los contratos de obra pública: 438 Construcción y/o adecuación de infraestructura educativa en diferentes instituciones educativas oficiales del municipio de Pítalito y 439 Construcción, mantenimiento y adecuación de infraestructura en sedes educativas urbanas y rurales del municipio de Pitalito.
Estos contratos tenían fijados para la ejecución de la obras 886 millones 694 mil 510 pesos y el segundo 824 millones 037 mil 757 pesos para un total de 1.690 millones 727 mil 267 pesos entregados mediante licitación pública 004 del 15 de septiembre del 2017 y una vez adjudicados recibió un anticipo de 401 millones 268 mil 799 pesos.
Señala Martínez Camacho que iniciada la ejecución de las obras encontró errores presupuestales, también que constituyó una fiducia para el manejo de estos recursos girados del Sistema General de Participaciones SGP de donde le ordenan cancelar mediante la modalidad cheques al señor Diego Jaime Escobar y Jairo Vargas Trilleras, (personas ajenas al objeto de las obras contratadas), al suma de siete millones de pesos a cada uno.
También denuncia que le realizaron un descuento arbitrario 3 millones 755 mil 656 pesos que aducían correspondería al pago de impuestos municipales.
Las obras se inician a ejecutar el 23 de noviembre de 2017, con deficiencias en diseños, errores presupuestales, y localización tras su concertación la ejecución de los trabajos se suspendieron el 22 de diciembre de 2017 a un mes de su inicio.
“El municipio acepta en el acta los errores y deja pactado que se van a realizar los respectivos ajustes”, señala la denuncia.
Señala que pese a que no se cumplen con las exigencias por presión se inicia la ejecución de estas obras de 2 de febrero del presente año pese a los riesgos que representaba debido a en las instituciones ya se había iniciado el calendario académico con niños y adolescentes en las educaciones a intervenir de las sedes educativas.
“En el tiempo de la ejecución de los contratos y desempeñándome con residente de obra de acuerdo con los procesos contractuales ejecute el 50% de cada una de las obras no continuando, por las denuncias que cite anteriormente”.
Se denuncia que el señor Juan Manuel Tobar Murcia interventor de obra utilizó a un inspector del SENA como ingeniero residente quien además de carecer de experiencia aducía temas de drogadicción y lo grave del caso también cumplía con funciones como ingeniero residente de la interventoría.
“En manifestaciones públicas en manifestaciones públicas el señor Tobar Murcia ha inducido a los trabajadores que estuvieron en las obras a que presenten demandas contra mí integridad. El señor Rico Rincón Alcalde del Municipio de Pitalito también en evento público manifestó que los dineros del anticipo los había utilizado en un viaje al exterior, los dos incurriendo en el delito de Injuria y Calumnia”.
Señala que los denunciados incurren en doble contratación y celebración indebida de contratos que son delitos contra la administración pública tras cambiar el modelo de contracción por procesos de mínima cuantía.
Solicita a la Procuraduría General de la Nación y Fiscalía que se suspenda la ejecución de las obras hasta tanto no se hayan liquidado los contratos 439 y 439 respectivamente, se investiguen y judicialice a los denunciados por los delitos que en materia de contratación resulten derivados de dichos actos administrativos.
También se investigue, abra proceso de incumplimiento y se imputen los delitos en los que incurrió el señor Juan Manuel Tobar como interventor de estas obras.
El tema fue objeto de un insulso debate de control político en el concejo municipal aunque con solo la versión que les brindo la administración municipal, espacio que al final se convirtió fue en un comité de aplausos para el secretario de educación también los denunciados ante la Procuraduría, Fiscalía y debería están incluida la Contraloría porque el fin de los millonarios recursos invertidos hacen parte del Sistema General de Participaciones SGP, lo que podría desencadenar en un detrimento patrimonial con la complicidad de ordenadores del gasto y quienes representan el mismo Estado.
Por: Rodrigo Rojas Garzón
Tomado de http://www.huilahoy.com/
