Por;RICARDO AREIZA
El velódromo de Pitalito, diseñado como un centro de alto rendimiento para el ciclismo de velocidad con proyección olímpica, quedó como otro sueño perdido en la maleza.
El escenario deportivo, planeado en la Villa Olímpica, en el populoso sector de Cálamo, entró en la extensa lista de elefantes blancos.
Las enormes anomalías y omisiones en la fase precontractual, las fallas en los diseños estructurales, sanitarios e hidráulicos, la falta de una interventoría rigurosa y la ausencia de una planeación seria frustraron la posibilidad de tener una infraestructura adecuada para el fomento y la práctica del ciclismo de pista en la otrora capital deportiva del Huila.
Cerca de seis mil millones de pesos ejecutados en la fabulosa obra se confunden entre los escombros, las aguas estancadas y las obras inconclusas. LA NACIÓN estuvo en el sitio y confirmó el desastre.
El proyecto fue aprobado por el OCAD, el organismo creado por el Gobierno Nacional en el nuevo esquema para la distribución de los recursos provenientes de regalías petroleras. Además, fue avalado por el Departamento Nacional de Planeación y por Coldeportes.
Aun así, los controles creados para prevenir los malos manejos, en este caso, no sirvieron para garantizar la transparente y eficaz ejecución de los recursos públicos.
En el abandono
El escenario ovalado se ha convertido en un criadero de zancudos, en un triste muladar, invadido por verdes matorrales que crecen en medio de la indiferencia.
A un lado, deportistas de todos los sectores populares esperan el turno para poder jugar. En el otro extremo, escondido en un improvisado cerramiento, aparece el monumento al despilfarro de los recursos públicos.
La obra debió entregarse en diciembre de 2014. Sin embargo quedó paralizada y el contrato fue terminado por mutuo acuerdo, sin que haya sido liquidado, y sin posibilidades de ser recuperado.
La contratación
El proyecto fue aprobado en el 2013 por el alcalde Pedro Martín Silva. El valor inicial estimado fue estimado en 4.401,28 millones de pesos. Sin embargo, llegó a 5.682,71millones de pesos provenientes de regalías.
El contrato de obra No. 220 fue adjudicado el primero de julio de 2014 al consorcio CFM & N representado por Carlos Eduardo García Trujillo. Lo firmó el secretario de Gobierno, Jorge Enrique Motta Carvajal quien fungía como alcalde encargado. El plazo de ejecución: seis meses.
La interventoría técnica fue contratada con la ingeniera bogotana Natalia Amador Baquiro, representante legal de la firma Ingenieros Consultores y Constructores ARG S.A.S. el 15 de julio de 2014 por un valor de por un valor de $235,01 millones de pesos. Los dos contratos fueron a sombrerazos por mutuo acuerdo, sin liquidación, y sin justicia.
Avanzado deterioro
La obra, en avanzado deterioro, quedó ejecutada en un 90%. El valor ejecutado, según la última evaluación, contenida en cinco actas de recibo parcial de obra, asciende a la suma de 4.726, 31 millones de pesos.
Cuatro años después, el proyecto sigue inconcluso, en total abandono y en avanzado deterioro. Las estructuras metálicas están en acelerado proceso de oxidación. Algunas áreas en la parte baja del escenario siguen empozadas por las dificultades para la evacuación de las aguas lluvias. Los sitios de acceso se han convertido en basureros y refugio de malandrines.
Falta terminar la pista, la cubierta de las graderías, los camerinos y baterías sanitarias. También la terminación de las barandas para la entrada de túnel de acceso, las graderías y los acabados. Aun así, la actual administración se niega a terminar la obra de su antecesor.
Ahora, los dos últimos alcaldes tendrán que responder por las fallas y omisiones.
“El contrato No. 220 de 2014 fue terminado por acuerdo entre las partes, se firmó un acta de no recibo a satisfacción por parte del municipio, estando pendiente de ser liquidado sin ser terminadas las obras”, explicó uno de los investigadores.
Los organismos de control coincidieron en que hubo una deficiente planeación en el proceso progresivo y pre contractual. Los estudios técnicos no fueron rigurosos. Tampoco la interventoría. No hubo veeduría ciudadana
Para el diseño estructural, no se tuvieron en cuenta todos los requisitos técnicos exigidos, entre otros, por la Federación Colombiana de Ciclismo y la Unión Ciclística Internacional).
Sin embargo, un funcionario de la alcaldía, insistió en que el proyecto tenía el aval de Coldeportes, como ocurrió con la polémica remodelación del estadio de Neiva.
Tampoco se evaluaron adecuadamente las determinantes físico-ambientales del predio elegido para la construcción del proyecto, entre ellos el nivel freático del suelo, ni las determinantes de infraestructura de servicios públicos en el sector, especialmente las relacionadas con el sistema de evacuación de aguas lluvias.
La administración municipal liderada por el alcalde de la época, Pedro Martín Silva, tampoco realizó una adecuada revisión de los estudios y diseños estructurales, sanitario, hidráulico y eléctricos que presentaban serias falencias. Estas fallas terminaron impactando la ejecución, los costos y finalmente la parálisis del proyecto.
De hecho, los ajustes en los diseños de las redes de evacuación de aguas lluvias ocasionaron una mayor cantidad de obras en algunas actividades del contrato, eliminación de otras y la creación de nuevos ítems.
Y por lo tanto, costos adicionales. La administración tuvo que adicionar recursos por 850, 21 millones de pesos. Los recursos, sin embargo, fueron insuficientes para culminar el proyecto.
Los pagos
El contratista recibió el anticipo, equivalente al 25% del valor del contrato, (1.312,87 millones de pesos). Además, se le pagaron cinco actas de recibo parcial por valor de 4.726,31 millones de pesos, según la memoria financiera obtenida por LA NACIÓN.
En la actualidad el escenario está abandonado y las obras construidas no permiten su utilización. “Este proyecto no logró las metas y ni los fines de la contratación estatal lo que puede determinar un detrimento patrimonial”, reportó un funcionario de la Contraloría.
Aunque falta el diez por ciento, la infraestructura física construida no es adecuada para el fomento y la práctica del ciclismo de pista como modalidad de deporte con proyección olímpico en el municipio de Pitalito, como había sido proyectado.
Los accesos anegados, convertidos en basureros y criaderos de zancudos.
Los dos estudios realizados, separadamente por los organismos de control, concluyeron que no hubo un adecuado seguimiento, control y evaluación del proyecto en la etapa pre-contractual. Además, hubo graves deficiencias en la etapa contractual por parte de la alcaldía de Pitalito en materia de supervisión e interventoría.
“No planearon, según las novedades presentadas, la ejecución de actividades enfocadas a una sección específica del proyecto con el fin de que se garantizara su terminación, con apego a las cláusulas del contrato y con respeto de los principios que regulan la contratación estatal”, reportaron los investigadores.
“Éstos hechos evidencian una pérdida de los recursos públicos invertidos en la construcción de las obras, ocasionando un presunto detrimento patrimonial al Estado que asciende a la suma de 4.858 millones de pesos”, confirmó el vocero del organismo de control.
La suma corresponde al pago de cinco actas de recibo parcial de obra por la suma de $ 4.726.311.519, más el valor no amortizado del anticipo por $ 131.295.971, lo que asciende a la suma de $ 4.857.607.489, ocasionando un presunto detrimento patrimonial al Estado
Aunque la administración municipal reportó que el escenario cuenta con un cerramiento perimetral con material rígido, vigilancia y mantenimiento, LA NACIÓN, constató lo contrario.
El cerramiento con tejas de zinc se desplomó, no existe vigilancia ni mantenimiento. Sólo un cerramiento improvisado que no logra ocultar el elefante blanco que dormita en la maleza.
Los posibles responsables
Por las posibles omisiones tendrán que responder por ahora, las dos últimas administraciones. Según voceros de la Contraloría General de la Nación serán llamados a responder en un proceso de responsabilidad fiscal el alcalde Pedro Martín Silva, quien impulsó y contrató la obra. Su secretario de Gobierno, Jorge Enrique Motta Carvajal, quien suscribió el contrato.
El actual alcalde Miguel Antonio Rico, quien no ha sido diligente para gestionar la terminación de la obra. También el contratista Carlos Eduardo García Trujillo y la interventora Natalia Amador Baquiro.
El caso está en evaluación y en breve se conocerá una decisión sobre este elefante blanco construido con recursos de regalías petroleras.
Tomado de LANACIÓN.com.co
