Un juez de garantías profirió medida detención carcelaria contra Franklin Arandia Perdomo acusado de promover urbanizaciones ilegales. Los directivos de la asociación de vivienda tendrán casa por cárcel. En similares circunstancias estarían otras 15 urbanizaciones con licencias autorizadas, en zona rural, sin cumplir con los requisitos legales y desconociendo la normatividad ambiental.
El promotor de la ciudadela ‘El Portal del Sol’, Franklin Arandia Perdomo y otros seis miembros de su equipo, incluyendo varios familiares fueron cobijados con medida de aseguramiento por supuesta urbanización ilegal. La juez segunda Penal Municipal Dilia Jaramillo Molina con funciones de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía
Franklin Arandia Perdomo, representante legal de la empresa Ebenezeer Soluciones Inmobiliarias SAS, fue afectado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. El constructor permanece en el comando de la Policía mientras el Inpec lo traslada hasta la cárcel del circuito judicial de Pitalito.
Con detención domiciliaria quedaron Hobana Delgado Ortiz, esposa de Arandia Perdomo y ex representante de la Asociación Portal del Sol; Luzcerly Eraidez Delgado Ortiz, hermana de Hobana, vinculada con el proyecto San Francisco; María Fernanda Franco Rendón, presidenta de la Asociación Portales del Sol; Edwin Rubiano Barrera, miembro de la junta directiva y su esposa Yudy Andrea Valenzuela Castro.
Dora Patricia Franco Arandia, hermana de Franklin perteneciente a un resguardo indígena de Sotará (Cauca) será trasladada hasta Popayán, donde permanecerá con detención domiciliaria.
El juez de garantías estimó que la señora Franco tendría algún grado de participación en las conductas endilgadas al utilizar un documento presuntamente falso para atentar contra la fe pública. “Este hecho representa un peligro para la sociedad por los efectos que genera”, advirtió el togado. En consecuencia decidió otorgarle la detención en su residencia en Popayán.
El gobernador del cabildo Arbey Peñón, concurrió en su defensa pero sus reclamos no surtieron ningún efecto.
La fiscal del caso, fue recusada en razón a que la funcionaria adelanta otro proceso contra Arandia, pero además, por el grado de amistad que mantiene con la juez de garantías, quien le arrendó el apartamento donde habita la fiscal. Aun así se hizo la imputación. Las medidas de aseguramiento proferidas por la juez de garantías fueron impugnadas. A partir de este lunes se harán efectivas y los imputados quedarán a disposición del Inpec.
Habeas corpus
El jueves pasado el Tribunal Superior de Neiva declaró improcedente un recurso de habeas corpus, interpuesto contra la funcionaria judicial, supuestamente por una captura ilegal y arbitraria.
La magistrada Ana Ligia Camacho de la Sala Civil, estimó que en este caso no se configuraba una prolongación ilícita de la privación de la libertad.
El recurso extraordinario, contenido en el artículo 30 de la Constitución Nacional y reglamentado en el Código de Procedimiento Penal, es procedente cuando ejecutada legalmente la captura, la privación de la libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la Carta Política.
La legalización de la captura, según la Corte Suprema de Justicia, conserva su vigencia hasta tanto se resuelva la solicitud de medida de aseguramiento.
En su criterio, la ley no prevé un término para resolver la imposición de medida de aseguramiento cuando se realizan audiencias preliminares concentradas. Solo habla de un plazo razonable.
Imputación
La fiscal 28 seccional Martha Libia Liscano les imputó los delitos de urbanización ilegal, obtención de documento público falso, uso de documento falso y concierto para delinquir.
Según la Fiscalía, Arandia promovía la venta de lotes para la construcción de tres proyectos de vivienda, sin las respectivas licencias. Entre ellos la urbanización Portal del Sol, San Francisco Casas Campestres y Criollos. “Para el loteo o subdivisión de los terrenos se emplearon igualmente licencias adulteradas”, reportó la Fiscalía.
“De acuerdo con lo establecido se habrían vendido 979 lotes para las tres urbanizaciones”, aseguró el ente acusador. Sin embargo, otra es la historia que se esconde detrás de estos tres proyectos.
Las capturas se produjeron el 4 de abril pasado como consecuencia de un complicado pleito que mantienen con el alcalde Miguel Antonio Rico y con varios miembros de su administración por el trámite de licencias de construcción únicamente para estos proyectos.
Sin embargo, en similares circunstancias estarían otras 15 urbanizaciones con licencias autorizadas, en zona rural, sin cumplir con los requisitos legales y desconociendo la normatividad ambiental.
Arandia Perdomo los acusó penalmente por supuestas irregularidades durante el trámite de las licencias. La denuncia penal instaurada directamente ante el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el 22 de febrero pasado. Los acusa entre otros de los supuestos delitos de prevaricato, falsedad en documento público, concusión, pánico económico, entre otros.
“Estas personas con el fin de obtener y armar pruebas en mi contra han desconocido los procedimientos administrativos. Estos funcionarios han usado y abusado de sus cargos sin el más mínimo pudor, respeto por las norma, contra mi persona y mi familia tan solo porque no he querido dar dádivas a estos funcionarios o prestarme para sus necesidades particulares y generales”, reseñó en la denuncia penal.
“Temo por mi vida, la de mi familia, mis trabajadores y profesionales que apoyan mi labor diaria que sean víctimas o que sean silenciadas como ya ha ocurrido”, expresó reclamando garantías.
Antes de su captura, Arandia Perdomo reveló que funcionarios de la administración se le atravesaron a los proyectos porque no cedió a las presiones económicas que le exigían. Por esa razón, desde la propia administración cambiaron la licencia que le otorgaron.
¿Quién miente?
La cuestionada licencia de subdivisión (loteo) fue expedida mediante Resolución de Subdivisión No. 098 de 2017, firmada por el pastor Edgar Núñez, entonces jefe de Planeación, detenido por el crimen del abogado Luis Gerardo Ochoa.
El cuestionado pastor también otorgó otras licencias de subdivisión para proyectos ubicados por fuera del perímetro urbano, actualmente en construcción, amparados en una insólita “Circular con carácter de doctrina”. Los loteos, así como licencias de construcción fueron otorgados incluso contra los conceptos de inviabilidad otorgados por la autoridad ambiental. Sobre estas urbanizaciones no se adelanta ningún proceso de investigación.
La licencia de loteo correspondía al predio rural denominado ‘Buena Vista Herederos’, ubicado en Bajo Solarte y registrado con matrícula inmobiliaria No. 206-13386.
Sin embargo, la administración decidió revocarla argumentando que no era auténtica. La administración aseguró que la licencia otorgada a Franklin Arandia Perdomo había sido falsificada utilizando el mismo contenido pero adulterando los datos del propietario.
Además, aseguró que las firmas tampoco corresponden al pastor Edgar Núñez, ni a Miguel Ángel Artunduaga, quien aparece firmando el documento. La misma versión la entregó un funcionario del CTI.
Arandia probó que las firmas del documento efectivamente corresponde al pastor Edgar Núñez, quien la expidió. Un dictamen forense de grafología realizado por Romario Camargo, consultor de la Fiscalía, desvirtuó la versión de la administración municipal.
El jefe de Control Interno aseguró que la licencia original correspondía realmente a Campo Elías Castro Díaz, propietario del predio La Vega, ubicado en la vereda Charguayaco de Pitalito. Castro Díaz, el propietario original lo desmintió.
No firmé
En una declaración extrajuicio en poder de LA NACIÓN, Castro Díaz afirmó que nunca firmó la resolución que la administración mostró como auténtica.
Castro Díaz, propietario real del predio, negó que haya solicitado la referida licencia y denunció que su firma fue suplantada, y anexada irregularmente a la escritura pública, sin su consentimiento.
El 28 de febrero pasado, Castro Díaz denunció ante el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez las irregularidades que se registraron al utilizar indebidamente su nombre y sus datos en la expedición de una licencia falsa.
El campesino declaró que nunca realizó el trámite alguno ante la Oficina de Planeación para solicitar una licencia de construcción y subdivisión (loteo) y confirmó que la firma que aparece en el documento es falsa.
Confirmó que vendió una parte del terreno para la construcción de una capilla pero nunca solicitó la licencia. Sin embargo, el documento se expidió e inexplicablemente apareció adjunta a la escritura.
El labriego de 74 años denunció que la firma estampada en la Resolución 098 de 2017 fue suplantada. “No es mi firma, no reconozco ese documento, no he realizado trámite alguno frente a la entidad de planeación. Es más, les aclaro que jamás he ingresado a la Alcaldía de Pitalito…” expresó Díaz Castro.
Por estos hechos denunció penalmente al alcalde Miguel Antonio Rico y a los funcionarios de planeación, Jaime Fernando Correa y Víctor Hugo Pinzón Ome. Igualmente al juez primero administrativo de Neiva, Eylen Cenith Salazar y a la fiscal Martha Libia Liscano, quien coordinó la captura de los miembros de la asociación de vivienda. ¿Quién tiene la razón?
Tomado de LANACIÓN.COM.CO
