En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Dolly Valencia, madre del patrullero de la Policía Ángel Zúñiga, que se despojó de su arma y equipos de dotación, y no quiso participar de un desalojo de familias desplazadas ordenado por un fallo judicial, pidió que no lo castiguen.
“Pido que no lo envíen lejos, que no lo castiguen por haber seguido su corazón y ayudar a una familia pobre”. Valencia teme por la vida de su hijo y desde anoche no habla con él.
“Me dijo que estuviera tranquila porque él hizo lo que el corazón le dictó y que no podía hacer eso en medio de la pandemia”.
Esta familia perdió hace cinco años a un hijo que también era patrullero y hoy ruega por su otro hijo y lo esperan en casa.
“Hijo, te amamos te queremos. Te inculcamos valores que hoy estás defendiendo y cuentas con todo el apoyo”.
Viene un proceso disciplinario para el patrullero Ángel Zúñiga y desde la Policía dicen que está en buen estado y que se les garantizarán sus derechos.
Congresistas proponen condecorar al patrullero Ángel Zúñiga
La iniciativa la promueven senadores y representantes de bancadas de oposición teniendo en cuenta que el uniformado “antepuso los derechos fundamentales del pueblo al que juró defender […] poniendo en riesgo su propia investidura”.
“Es algo injusto lo que estamos haciendo. No les van a dar viviendas, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos”, dijo el patrullero al explicar por qué se negó a llevar a cabo la orden impartida por un superior.
Para los congresistas, el patrullero Zúñiga “denunció la gravedad de las actuaciones” y llamó la atención sobre la “injusticia que implicaba el desalojo”, dada la situación de estas personas debido a la emergencia sanitaria causada por el Coronavirus.
Los parlamentarios argumentaron que la propia Constitución establece que las autoridades están llamadas a proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos, pese al riesgo que asumió el patrullero al no cumplir una orden emitida por sus superiores.
“Llena de esperanza a este país ver a un funcionario público ponerse del lado de los más vulnerables. La actitud de este patrullero personifica el deber ser del Estado Social de Derecho y evidencia la enorme distancia que el Gobierno y las altas esferas del poder en este país han tomado frente a sus obligaciones constitucionales”, argumentan los legisladores.
