Hace unos meses, la niña fue accedida carnalmente y quedó embarazada. Ahora, ella no entiende por qué su maestra podría pagar cárcel por haberla ayudado. Hasta se siente culpable por la situación, asegura la BBC.
Lucía es el nombre de la pequeña abusada por un vecino en Pueblo Nuevo, zona pobre del estado de Mérida, en Venezuela.
La niña aceptó la ayuda de la docente para interrumpir voluntariamente un embarazo de 12 semanas, un acto que provocó polémica en el país.
Por su parte, el presunto agresor sexual de 52 años quedó libre por falta de pruebas y ahora está fugitivo, despertando la indignación de un sector de la sociedad.
La maestra fue detenida el pasado 23 de octubre y desde el 11 de enero cumple arresto domiciliario, mientras espera por el juicio.
Rosales podría pagar 12 años de cárcel por haber ayudado a la menor a ejecutar el aborto, juzgada por la legislación venezolana que en estos casos no permite la interrupción del embarazo.
A la docente de 31 años le impiden hablar con los medios de comunicaciones, acusada según el oficio judicial por «aborto provocado con la agravante de haberse cometido en una adolescente», «agavillamiento» y «asociación para delinquir».
La madre de la Lucía, al enterarse que estaba embarazada, recurrió a la profesora Vannesa Rosales, quien le dio información sobre las pastillas misoprostol, medicamento usado para interrumpir el proceso de gestación.
Según Venus Faddoul, activistas y amiga de la docente, Rosales conocía a la joven desde era niña en la escuela de Pueblo Nuevo.
Además, la amiga de la maestra cuenta que la doctora que atendió en un principio a Lucía encontró que sufría de desnutrición, por lo que un embarazo precoz la pondría en peligro, porque su útero no estaba aún desarrollado.
Mientras tanto, la mamá de la menor no ha sido detenida por estar a cargo de una bebé lactante.
