La llegada de la Constructora Soginco a la ciudad de Pitalito, pareciera que hubiera traído una racha de graves consecuencias para la administración del alcalde Miguel Antonio Rico Rincón.
Lo que ocurrió en el mes de diciembre del año 2016 en el centro cultural de Pitalito, cuando en solemne y apoteósica fiesta fue presentado el gerente de la prometedora empresa constructora Mauricio Parra Rodríguez, con alcalde municipal a bordo, concejales, reconocidos políticos que se disputaron un espacio para quedar en la foto, y periodistas al parecer fletados para cubrir el evento, resultó ser una de las siete plagas de Egipto.
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| Mauricio Parra Rodríguez el día de su captura |
A los tres meses comenzó el calvario de los antiguos socios de la ciudadela La Voz de Dios, organización fundada por el Reverendo Édgar Núñez Guzmán, quien fue el primer secretario de Planeación del alcalde Miguel Rico, quienes se sintieron virtualmente estafados al conocer que ese lote fue entregado a la firma Soginco, que proyectó la construcción de varias torres de apartamentos.
Fue allí cuando un grupo de los socios presuntamente engañados por el pastor de marras, decidieron contratar los servicios del abogado Luis Gerardo Ochóa Sánchez para que defendiera sus intereses depositados en ese lote.
Ochóa se arrimó a la candela
Luis Gerardo Ochóa Sánchez, un abogado hijo de una prestante familia laboyana, creyente en la legalidad y el derecho, asumió su responsabilidad con la vana esperanza de dirimir el conflicto en los estrados judiciales.
Nunca llegó a sospechar el ex personero de Pitalito, que el propietario de Soginco y sus socios, no eran personas apegadas a la ley, y menos que fueran a solucionar la querella utilizando los códigos de la cosa nostra, al viejo estilo siciliano.
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Todo sucedió en cuestión de días. Estas personas al ver afectados sus millonarios intereses, al parecer no dudaron en aplicar los códigos mafiosos y mandaron asesinar al litigante.
Subestimaron al enemigo
Lo que estos personajes con mentalidad traqueta nunca imaginaron, era que el abogado no estaba solo y que su familia en lugar de sentirse amedrentada como suele ocurrir en nuestro país donde la mayoría de la gente se esconde cuando le matan a un ser querido, ellos se armaron de valor y comenzaron una sólida investigación para descubrir a los presuntos culpables.
Subestimaron a la familia del abogado Ochóa, y creyeron que todo había quedado allí, en la completa impunidad como suelen terminar todos los crímenes.
Se desmoronó el castillo
Cinco meses después, el señor Mauricio Parra Rodríguez fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, por orden de un juez que lo vinculó con el asesinato del gerente de Surtifruver, el también huilense Jhonny Alonso Orjuela.
Tan pronto fue capturado Mauricio Parra, lo vincularon como presunto determinador del crimen del abogado laboyano, y como un castillo de naipes que se desmorona, fueron capturados el abogado de la firma Soginco Cesar Alberto Sierra Avellaneda, el primo de Mauricio Parra en Pitalito Mauricio Ortíz Parra, el pastor Édgar Núñez Guzmán, su socio Luis Mario Colorado y otras siete personas que estarían seriamente comprometidas con el asesinato del abogado Ochóa Sánchez.
Los terrenos de Soginco, que hacía varias semanas habían sido transferidos mediante contrato de compraventa a otra empresa de papel de Mauricio Parra, fueron cobijados con extinción de dominio por parte de una Fiscalía Especializada de la ciudad de Bogotá.
Se calmaron las aguas
Pareciera que con la captura de esta decena de personas se hubieran calmado las enfurecidas aguas que enrarecieron el panorama social y político de Pitalito.
Todo regresó a la normalidad y las audiencias se siguieron para escuchar a los sindicados y esperar el veredicto de la justicia.
Sin embargo, los altos jefes de la organización comenzaron a incomodarse en la cárcel, y mientras Mauricio Parra Rodríguez se empezó a librar lentamente de la sindicación por el crimen del gerente de Surtifruber, tirando la responsabilidad a la esposa del difunto, y solicitando ser cobijado por a Jurisdicción Especial Para la Paz para librar sus bienes, el abogado Cesar Alberto Sierra Avellaneda, decidió cooperar con la justicia y negoció un preacuerdo con la Fiscalía que lleva el caso, y prendió el ventilador.
Según informe confidencial conocido por SVCNoticias.co, Sierra Avellaneda no solo vinculó al alcalde de Pitalito Miguel Antonio Rico Rincón como presunto autor intelectual del crimen, sino a otros altos funcionarios de la administración municipal, abogados y hasta concejales, y concejalas.
Su captura
La captura del alcalde de Pitalito, Miguel Antonio Rico se produjo la tarde del pasado sábado en el club de oficiales retirados del Ejército, Casamata, en la calle 193 con 35B en el norte de Bogotá, cuando iba a asistir al matrimonio de uno de sus hijos mayores, que vive en Dubái, Medio Oriente, según fuentes consultadas esta noche en Bogotá.
La orden de un juez se ejecutó en la vía pública por parte del CTI.
Este domingo, desde el aeropuerto militar Catam, será llevado ante un juez de control de garantías en Neiva para responder en la imputación por homicidio agravado, como presunto autor intelectual (determinador) en el homicidio del expersonero y abogado.
Al parecer la captura se habría acelerado luego de que el burgomaestre saliera a un largo e intempestivo período de vacaciones esta semana.
Parece ser que la captura del alcalde de los laboyanos es apenas el comienzo de otra serie de personas que con en transcurrir de los días serán vinculados a este espinoso proceso penal que amenaza ir para largo tiempo.
