Por: RICARDO AREIZA
El principio de oportunidad con el principal testigo se esfumó. Su defensora puso al descubierto presuntas irregularidades en el proceso para desviar, supuestamente, las investigaciones. La Fiscal fue denunciada por constreñimiento ilegal.
Las pruebas reinas para esclarecer el crimen del abogado laboyano Luis Gerardo Ochoa, quedaron en el aire. El principio de oportunidad que se venía tramitando desde el año pasado con el abogado César Sierra Avellaneda, uno de los testigos claves, también se desvaneció por un inesperado giro en la investigación, que pondría en libertad a los diez capturados, incluyendo al propio Mauricio Parra Rodríguez, capturado además por el crimen del comerciante huilense Jhonny Alonso Orjuela Rueda, fundador de Surtifruver.
El caso será presentado hoy al fiscal General, Néstor Humberto Martínez durante la jornada anticorrupción que se realizará hoy en el auditorio de la Cámara de Comercio.
Parra Rodríguez, presidente de a la constructora Soginco, no sólo es procesado por estos dos crímenes, ocurridos aisladamente en Pitalito y Bogotá.
La Fiscalía le imputó además, los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, conductas sustentadas en el escrito de acusación radicado ante el Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogotá.
Los abogados de los diez acusados solicitaron la libertad o la sustitución de la medida por vencimiento de términos.
Sierra Avellaneda, contratado para ejecutar el proyecto urbanístico, declaró en este proceso, motivado por un eventual acuerdo de colaboración con la Fiscalía que se frustró definitivamente.
“Estuvimos haciendo los trámites, pero no fue posible. Hasta el momento la Fiscalía no concretó nada. Hoy puedo decirle que el tal principio de oportunidad no existe y la decisión es irnos a juicio” anunció la abogada Adriana María Sánchez.
“Las negociaciones se terminaron, la audiencia de acusación se hizo el 12 de octubre y estamos atentos pero hasta este martes no había nada en concreto. La oportunidad se perdió, nos iremos a juicio y por lo tanto, la Fiscalía no podrá utilizar el material probatorio que aportamos”, insistió la apoderada.
“No entendemos porque razón la Fiscalía no ha querido escucharlo, no ha recibido la ampliación de su denuncia ni las pruebas contundentes para demostrar todo el entramado. Extrañamente, por razones que desconocemos, han querido desviar la investigación”, alegó.
La denuncia
Pero no se quedó solo en el desistimiento. La defensa denunció penal y disciplinariamente a la fiscal, por un supuesto constreñimiento ilegal.
“Los acercamientos que se venían realizando desde inicios del año, tristemente terminaron en un tema de constreñimiento personal.
“Por esta razón debí concurrir ante la Fiscalía para formular las denuncias correspondientes. Actualmente cursa una denuncia en la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Neiva. Igualmente formulé otra denuncia contra la fiscal ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura por estos hechos”, confirmó.
“No se tramitó porque no hubo garantías. Se quiso direccionar los interrogatorios a Sierra Avellaneda, pero además impartiéndole instrucciones sobre los términos de su declaración y finalmente, pidiéndole que se abstuviera de denunciar a personas y otros hechos. Entre otros, le pedía que se abstuviera de mencionar al actual alcalde, Miguel Antonio Rico Rincón, esto es gravísimo”, afirmó.
“El manejo irregular del proceso está afectando gravemente el debido proceso, falta a la verdad y pretende encubrir situaciones delicadas relacionadas con los verdaderos orígenes del homicidio”, precisó.
Recusación
Además, aseguró que la fiscal, indebidamente ha dado consejos personales al implicado, le ha sugerido que cambie de abogado y le ha dado manifestaciones sobre cómo debe continuar sobre el proceso y sobre las decisiones que debe tomar.
“En este orden de ideas me atrevo a manifestar que observo una terrible enemistad de parte de la fiscalía hacia mí, no encuentro las razones. Este proceso ha tomado un tinte personal y por lo tanto solicito que se declare impedida para continuar adelantando el proceso”, anotó la abogada al formular la recusación. En Neiva se solicitó ante el Juzgado Cuarto de Garantías pero no prosperó. Se repitió en Pitalito. La juez se abstuvo por considerar que no era de su competencia.
Sigue vigente
La fiscal Martha Libia Lizcano insistió en que no existen causales para declararse impedida y confió en un eventual preacuerdo.
“Se solicitó la ruptura procesal para explorar un principio de oportunidad para ser testigo de cargo. La Fiscalía atendiendo la discrecionalidad del principio de oportunidad, la Fiscalía no ha renunciado a esa posibilidad. Se requiere que las víctimas suscriban una constancia tramite se socializó”, explicó la funcionaria judicial.
“Siendo el principio de oportunidad una facultad discrecional de la Fiscalía, esa posibilidad frente a Cesar Sierra no ha sido desestimada. Se están allegando una serie de documentos. Ese principio se puede aplicar antes del juicio oral. Tampoco solicitaré la conexidad con los otros implicados ante el posible principio de oportunidad.
César Sierra y Mauricio Parra.
Colaboración
Sierra Avellaneda, quien se declaró víctima en este entramado criminal, aparecía como testigo de cargo contra Mauricio Parra. Inicialmente rindió declaraciones ante funcionarios del Grupo especializado para investigar los delitos de homicidios de alto impacto (Gespol), luego ante fiscales de la Unidad de Vida y finalmente ante la Unidad de Lavado de Activos. Sus revelaciones y las pruebas documentales que presentó a la Fiscalía, soportan la acusación contra Parra Rodríguez y contra el alcalde de Pitalito, según la Fiscalía, socios en el proyecto urbanístico “La voz de Dios”.
Los fiscales decidieron ampliar las declaraciones y se tramitó el acuerdo. Sin embargo, en el Huila, el caso sufrió un inesperado giro.
“Sorpresivamente la Fiscal del caso cambió sin autorización los términos del interrogatorio y solicitó expresamente que se excluyera cualquier mención al alcalde de Pitalito. El caso sorprendió, por razones que no entendemos”, afirmó la abogada Adriana María Sánchez.
Entre las pruebas aportadas durante la audiencia pública aparecen las orientaciones telefónicas para que relatara hechos distintos a los ocurridos y omitiera otra información reveladora.
Ante la negativa, la funcionaria judicial inició, según la defensora, acciones de constreñimiento para obligarlos a declarar contra su voluntad situaciones que nunca ocurrieron.
“Sierra Avellaneda tiene evidencia contundente sobre las circunstancias que comprometen seriamente a Mauricio Parra y al actual alcalde Miguel Antonio Rico en el crimen del abogado Luis Gerardo Ochoa, y en otros supuestos actos de corrupción que rodearon el proyecto urbanístico”, aseguró. “Sin embargo parece que no les interesa”, insistió.
“Ante la negativa-dijo- la funcionaria judicial ha venido intimidándolo con revocarle la medida de detención domiciliaria y decidió finalmente acusarlo a pesar de los trámites que se venían adelantando”.
Argumentando que no tenían garantías Sierra Avellaneda desistió del principio de oportunidad y en consecuencia retiró las pruebas que le permitirían esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen.
“Con la fiscal no tenemos ninguna garantía. Hemos sido objeto de presiones indebidas, abuso de autoridad y constreñimiento ilegal”, confirmó Sierra.
Posible libertad
Además de estos tropiezos, quedó en el tintero, la eventual libertad de todos los implicados. La prórroga de las medidas de aseguramientos se ha venido dilatando. La última solicitud se hizo la funcionaria judicial ante un juez de garantías de Neiva el 30 de octubre pasado pero fue retirada sorpresivamente por la propia fiscal de conocimiento ante la falta de competencia argumentada por los abogados de la defensa.
Según los apoderados, el acuerdo era solicitarla nuevamente en Pitalito, donde se decretaría la sustitución de la medida, incluyendo la detención domiciliaria o medidas no privativas de la libertad. Sin embargo, la audiencia intentada el pasado jueves 8 de noviembre fue interrumpida nuevamente y quedó en suspenso.
Los abogados de los diez detenidos vienen reclamando la libertad por vencimiento de términos y están a punto de lograrlo. Una nueva audiencia fue convocada para el próximo viernes.
El término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un año según la Ley 1760 de 2016) que entró en vigencia a partir del primero de julio de 2017. Dicho término podrá prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial. Sin embargo a pesar de la connotación, los términos ya fenecieron y podrán recobrar la libertad, de acuerdo con la nueva normatividad. Los implicados permanecen detenidos desde el 7 de septiembre del año pasado.
Según la norma vigente, vencido el término de un año, el Juez de Control de Garantías, a petición de la Fiscalía en este caso, podrá sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad, por otra u otras medidas de aseguramiento no privativas de la libertad.
Ese era el acuerdo. Sin embargo, no se cumplió. La audiencia fue nuevamente suspendida, esta vez por decisión de la juez y fue reprogramada para este viernes. Los abogados insistirán en la libertad o en la sustitución de la medida.
El alcalde de Pitalito fue capturado el sábado 28 de julio de este año en Bogotá. Las pruebas entregadas por Sierra Avellaneda, el ‘testigo estrella’, soportaron esta detención. Sus declaraciones pusieron en evidencia también la participación de Mauricio Parra Rodríguez y se convirtió en testigo de cargos en los otros procesos que se le adelantan.
Esa posibilidad, sin embargo, se esfumó, y con ella, las pruebas que pueden ayudar a esclarecer el crimen.
Tomado de LANACIÓN.COM.CO
