La emisora W radio dio a conocer el fallo de un tribunal en Cundinamarca donde se declaró la nulidad de un decreto expedido por el alcalde del municipio de Chía, que prohibía la venta de frutas, comestibles, mercancías en general y víveres en la ciudad, además de ordenar el arresto de los vendedores ambulantes de estos puestos y la confiscación de sus mercancías.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló que los alcaldes no tienen la competencia para prohibir las ventas ambulantes, pues estas solo las puede radicar el Congreso de la república mediante una ley.
Los dirigentes solo tienen la potestad para reglamentar las ventas, su ubicación y su ejercicio dentro de la ciudad. Además de asegurar que los alcaldes no pueden ordenar sanciones como el decomiso de bienes ni expedir órdenes de arresto, por considerarse medidas fuera de la ley.
Afirmó ademas el Tribunal que el poder de la Policía se encuentra suscrita por la facultad que le es concedida y bajo ningún caso conlleve a la limitación absoluta de algún tipo de actividad
Por otro lado, asegura que el decreto expedido en vez de establecer las vías correctas para el ejercicio de venta ambulante y su reglamentación pasó a prohibir y sancionar su ejercicio.
Ventas ambulantes
En los últimos dos meses, vendedores ambulantes han sido objeto de persecución en el país. Bastó con que en Bogotá miembros de la Policía multaran a un joven por “comerse una empanada” para que fuera acusado de promover la venta informal en espacios público, y desde entonces la polémica con los vendedores no cesara.
Las redes sociales han sido testigos de todo tipo de vejámenes cometidos contra esta población y se han conocido varios casos donde los vendedores son despojados de sus sitios de trabajo de manera agresiva.
El caso de un joven cuyo video circuló en las redes bajo el nombre de “traficante de helados” conmovió a más de uno, pues varios transeúntes que presenciaron la escena, alegaban que el hombre trabajaba de manera “honrada”.
Sin embargo, esto no fue razón suficiente para que la Policía no lo capturara y decomisara su medio de trabajo. La comunidad por su parte permanecía indignada y alegó que los uniformados se extralimitaron en su procedimiento, pues según ellos, el joven vendedor fue maltratado por los agentes.
