«En el caso en concreto, el Estado no solo no protegió al demandante de dichas injerencias o ataques, sino que fueron las mismas instituciones oficiales las que realizaron tales injerencias arbitrarias e ilegales en la vida privada del señor Gustavo Petro y de su familia», dice el fallo.
De igual manera, la sentencia dice que hubo un concierto entre el DAS, la Uiaf y la Presidencia de la República para perseguir a Petro y a su familia entre los años 2006 y 2009.
«Su extralimitación de funciones obedeció a haber entregado al DAS la información financiera requerida por dicha institución, referente al señor Gustavo Petro, sin tener orden judicial alguna o sustento normativo al respecto”, añade dicho fallo.