Origen de la problemática de Empitalito con las "escobitas"

La Empresa de Servicios Públicos de Pitalito – EMPITALITO, desde su creación hace 30 años, ha contratado la prestación del servicio de aseo y recolección de basuras con empresas - cooperativas. Cerca de 30 de estas fueron contratadas por Empitalito, las que a su vez contrataron el personal requerido para ejercer su actividad, llámense escobitas y recolectores. 

De acuerdo a lo manifestado por el gerente (E) de Empitalito, Leonardo Castro Vargas, durante algún tiempo esas empresas incumplieron a las obligaciones laborales las cuales han sido reclamadas por años y, en algunos casos, por décadas. 

 Luego de varias administraciones y el paso de varios gerentes, en el 2021 las escobitas deciden iniciar protestas frente al Centro Administrativo La Chapolera y posteriormente trasladarlas a la sede nueva de la empresa el pasado 24 de mayo, donde se ha impedido el acceso de funcionarios y trabajadores como medio de protesta y presión para lograr acuerdos 'extra judiciales' vía administrativa, en lugar de la judicial donde la decisión en cada caso la tomarían los jueces. 

 Esta situación fue puesta en conocimiento de todos los órganos de control (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Personería), y el riesgo de un racionamiento de agua como consecuencia de la imposibilidad de ingreso de trabajadores a la sede, sumado a la instalación de conexiones nuevas, reposición de tapas de alcantarillado y sumideros, que son hurtadas en promedio 6 al día. El gerente (E) Leonardo Castro Vargas fue nombrado apenas dos días antes de que las escobitas llegarán a la sede nueva, lo cual en la práctica es un reinicio en el diálogo y concertación de las partes para un posible acuerdo, en contraste con el tiempo que apremia para que se recupere la normalidad en la operatividad de la empresa. 

 En el 2020 Empitalito realizó pagos por 140 millones de pesos a 13 personas que recibieron fallo judicial favorable luego de los acuerdos de conciliación. En el 2021 han sido cancelados 93 millones de pesos a 8 personas, producto también de fallos judiciales, lo cual indica que los procesos y las conciliaciones no se han detenido. Sin embargo, la pretensión es que sea un acuerdo expedido y por decisión de la gerencia, lo cual no es una opción viable según la oficina jurídica de Empitalito, dada la responsabilidad fiscal y posibles consecuencias que se tengan con entes de control como Procuraduría y Contraloría. 

 La gerencia de Empitalito ha reiterado la "voluntad total" de iniciar una mesa de trabajo con las dos partes, en la cual se busquen todas las alternativas viables jurídicamente y que le den celeridad a los procesos.
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