Así las cosas, la iniciativa de autoría del Ministerio de Justicia y del Derecho pasará a sanción presidencial y se convertirá en ley de la República.
La nueva ley reglamenta los tres elementos esenciales que caracterizan la modificación introducida por el acto legislativo 01 de 2020 al artículo 34 de la Constitución frente a la imposición de la prisión perpetua: su condición excepcional; el control automático de la pena ante el superior jerárquico-doble conformidad; y la revisión de la pena en un plazo mínimo de 25 años, para evaluar la resocialización del condenado.
Además, incluye en la reglamentación la modificación del artículo 83 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) para darle cumplimiento a la Ley 2081 de 2021 en cuanto la imprescriptibilidad de la acción penal cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, del incesto o del homicidio agravado cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
Desde el gobierno nacional aplaudieron la decisión del Congreso y señalaron que se hace realidad el deseo de la excongresista fallecida Gilma Jiménez que por varios años luchó para que la cadena perpetua fuera una realidad.
La reglamentación de la prisión perpetua no anula las funciones de la pena que establece el Código Penal de prevención general, prevención específica, retribución justa y resocialización, para evitar una revictimización de las víctimas, sus familias y la sociedad misma, además, no tiene carácter retroactivo, por lo que no puede ser aplicada a conductas cometidas con anterioridad a la sanción de la ley reglamentaria.
