Centenares de personas salieron a una avenida céntrica de Bogotá para recibir con pancartas a la delegación a su llegada. "Duque, pare la masacre. Bienvenida CIDH" se leía en uno de los carteles.
La Comisión documentará las denuncias de violaciones a los derechos humanos, priorizando escuchar los testimonios de las víctimas y sus familiares. Así como "se reunirá con diversos sectores, incluyendo autoridades de distintos niveles de los poderes públicos, representantes de la sociedad civil, colectivos, sindicatos y gremios", aseguró la organización.#ParoNacional
— Central Unitaria de Trabajadores #ParoNacional (@cutcolombia) June 6, 2021
Cientos de personas se reúnen para darle la bienvenida a la delegación de la @CIDH que llega a #Colombia.
Denunciamos que el gobierno de @IvanDuque se niega a dar las garantías a la protesta. pic.twitter.com/3SxkqFYaf7
Su llegada coincide con el anuncio de un plan del Ejecutivo para reformar la Policía y su política de derechos humanos. El estallido social comenzó hace más de un mes contra un alza de impuestos promovida por el Gobierno y desechada más tarde ante la presión de cientos de miles de personas en las calles. Las protestas se mantienen a diario con jornadas más concurridas que otras y cruentos enfrentamientos entre civiles y la fuerza pública. Se calcula que unas 61 personas han muerto y más de 2.300 quedaron lesionadas, según cifras de las autoridades, ONG y de la Defensoría del Pueblo (Ombudsman) que vela por los derechos humanos.
La CIDH solicitó el 14 de mayo la anuencia del Gobierno de Duque para evaluar in situ la crisis en Colombia y condenó las "graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas". En un principio, el Ejecutivo condicionó su visita al avance de las investigaciones oficiales sobre abusos durante las marchas, pero cedió ante las críticas. Las Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea y oenegés internacionales han denunciado graves excesos cometidos por la fuerza pública en manifestaciones y disturbios.
Los grupos de manifestantes exigen un cambio de rumbo a las políticas del Gobierno conservador, reformar la Policía y claman por un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia, que atraviesa por su pico más letal en 15 meses de emergencia sanitaria.
El Comité Nacional del Paro -que no representa a todos los sectores inconformes, pero es la organización más visible de los grupos manifestantes- le exige a Duque una condena explícita a la brutalidad policial y disculparse por los excesos de la fuerza pública. De su lado, el Gobierno pide el fin de los bloqueos viales como condición para avanzar en las conversaciones que iniciaron el 7 de mayo y se desarrollan sin acuerdos para desactivar la crisis.
