No es un chiste. En Tarqui, Huila, un municipio donde escasamente se agreden a lengua porque las Farc ni otro grupo armado les interesó fastidiar en esa zona, se dispararon considerablemente los supuestos desplazamientos y las víctimas del conflicto armado entre 2013 y 2015 cuando Liliana Trujillo Pava (hoy candidata a la Alcaldía de Tarqui), fue personera.
En 2011- por ejemplo- se presentaron 87 víctimas, en 2012 (196), en 2013 (552), 2014 (384), y 2015 (360), cifra desproporcionada de ciudadanos que le dijeron a la entonces personera Trujillo que eran víctimas del conflicto y ella recepcionó sus denuncias y junto con la Unidad Nacional de Víctimas les permitió que se postularan y algunas hasta recibieran las ayudas del Estado (14 millones por familia entre mercados, arriendos, indemnización y demás).
La cifra desorbitada de víctimas en un pueblo donde no hay antecedentes de conflicto armado, generó alarma en la Defensoría del Pueblo del Huila que empezó una investigación seria y juiciosa que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación y que busca esclarecer si existió un posible favoreciendo extraño a falsas víctimas del conflicto.
El 27 de junio de 2018, la Defensoría, después de adelantar trabajo de campo, confirmó “que en entrevistas privadas a algunos habitantes de Tarqui, manifestaron enfáticamente que el registro de víctimas no obedece al conflicto armado, disturbios, tensiones interiores o violencia generalizada, sino a una organización local con fines políticos”. Algunos habitantes aducen “que declararon como víctimas buscando beneficios en atención e indemnización económica y los organizadores buscaban adeptos políticos para momentos electorales”, se lee en un documento de la Defensoría que tengo en mi poder.
Lo extraño, es que casi todos los que declararon jamás salieron del pueblo, pese a “que sus vidas corrían peligro”.
Ese es uno de los temas que inquieta sobre la ex personera y hoy candidata Liliana Trujillo Pava, ya que la Fiscalía en el Huila, hasta ahora, escasamente aperturó investigación penal, pero no ha generado mayores avances, pese a que desde el 1 de agosto de 2018 la Defensora, Constanza Arias, les advirtió de lo ocurrido.
En Tarqui algunos pobladores están pidiendo a gritos que La Unidad Nacional para la Atención de Víctimas en Bogotá revise con urgencia la caracterización de víctimas del pueblo porque están seguros que las cifras no son reales y hay más de un colado satisfecho y otros tantos que quieren romper su silencio.
Por cierto, entre los sorprendidos está el entonces brigadier General, Gabriel Parada, comandante de la Región 2 de Policía; José Albeiro Cuéllar, investigador del CTI de la Fiscalía; Elicerio Perdomo, entonces fiscal Delegado ante los Jueces de Altamira y Tarqui, entre otros. En un consejo de seguridad (acta 004 del 20 de abril de 2018), todos coinciden que en Tarqui no hay antecedentes de grupos armados (FARC, ELN u otros). El capitán Óscar Chávez, entonces comandante del Tercer Distrito de Policía, envío policía judicial y de inteligencia a la zona urbana y rural después de conocida esta denuncia. “Se verificó que no hay personas objeto de desplazamiento forzado”, concluyó.
Nota uno: Liliana Trujillo Pava también fue Personera de Altamira, Huila, en 2017 y ese año se recibieron y favorecieron 254 víctimas del conflicto armado supuestamente expulsados de Tarqui. Lo curioso es que convirtió a Altamira en el municipio con más víctimas del conflicto en el Huila hace dos años. Incluso, por encima de Algeciras, Pitalito, Neiva y Acevedo. Conclusión: se repitió la historia.
Por: Francisco Argüello
Tomado de La Nación.com.co
