La petición está sustentada en un documento de dieciséis páginas dirigido a la Anla, y que suscribió la gobernadora encargada, Liliana Vásquez Sandoval. La misma comunicación pide que se ordene a todas las autoridades competentes pronunciarse respecto de las posibles afectaciones y tomar medidas preventivas “en lo que tiene que ver con la defensa del territorio y su población”.
Entre estas autoridades, se encuentran el Ideam, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Ministerio de Medio Ambiente, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General y el Servicio Geológico Colombiano.
La solicitud elevada a la Anla pide “correr traslado a Emgesa” (constructora y operadora de El Quimbo), para que “se pronuncie y presente el correspondiente plan de contingencia o riesgo, de acuerdo con los parámetros establecidos por la autoridad ambiental”.
También solicita que se ordene “una visita técnica con el acompañamiento de los organismos de control, la Anla, la Corporación Autónoma del Alto Magdalena y el Gobierno Departamental, encaminado a verificar las inconsistencias denunciadas en el presente documento”.
Consideraciones
Entre otras consideraciones, la petición se sustenta en un informe de la Contraloría General de la República, que en su documento final de 2014 señaló que “la Licencia Ambiental y posteriores modificaciones del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo no cumple con los requerimientos técnicos mínimos que garanticen el análisis de los posibles escenarios de riesgos”.
En esos escenarios están los provocados por las amenazas del comportamiento de caudales y crecientes de la cuenca alta del río Magdalena, la ausencia de una zonificación por amenaza del volcán nevado del Huila y volcán Sotará, y del riesgo de sismos en toda la región.
Además, es fundamental conocer los riesgos derivados de filtraciones en la obra de la hidroeléctrica. Un documento técnico que contrató la Gobernación del Huila con la Corporación y Grupo de Investigación Geoambiental Terrae evidenció “múltiples inconsistencias en el tema de la información técnica del proceso de implementación del proyecto antes, durante y después de poner en marcha la generación de energía eléctrica”.
Estas condiciones han “ocasionado falta de credibilidad y un potencial riesgo en torno a la estabilidad de la obra, por lo que el Gobierno Departamental informa a la autoridad competente para que de forma técnica y científica se ausculte la verdad, y pueda brindarse información que garantice la seguridad y tranquilidad de la población del departamento del Huila”.
Reclamación desde la Mesa Temática
Las peticiones formuladas desde la Gobernación del Huila hacen parte de un extenso camino que planteó el gobernador Carlos Julio González Villa, y que se concretó hace más de un año a través de la creación de la Mesa Temática por la Defensa del Territorio y el Agua.
Resultado de una amplia participación ciudadana, en especial de las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo en el centro y parte del occidente del Huila, fue posible avanzar hacia la convocatoria de una Audiencia Pública Ambiental.
Fue el primer ejercicio de su índole en el país en torno a los impactos sociales, ambientales, económicos y técnicos por la construcción de un proyecto hidroeléctrico, y la primera vez en el Huila en que las comunidades afectadas, autoridades y académicos pudieron confrontar directamente a Emgesa.
El principio de precaución es un concepto que respalda la adopción de medidas protectoras “ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, pero sin que se cuente todavía con una prueba científica definitiva de tal riesgo”.
Tomado de LANACIÓN
