Un año después de la tragedia del estadio Guillermo Plazas Alcid, de Neiva, estructura que se derrumbó la tarde del 19 de agosto del 2016, con saldo de cuatro obreros muertos y 11 heridos, muchos en la capital de Huila piden justicia.
Los familiares de las víctimas y lesionados que dejó el colapso de la tribuna occidental, que era sometida a remodelación, piden cárcel para los responsables y lo han venido haciendo en las manifestaciones y protestas que realizan en las calles de Neiva a raíz de las capturas de cuatro exfuncionarios de la Alcaldía y tres contratistas investigados por su presunta responsabilidad en esos hechos.
Sandra Zapata, esposa del oficial de construcción Wilson Rodríguez, considera que los responsables deben pagar con cárcel porque son evidentes las irregularidades en la contratación de las obras de remodelación del estadio, obra que costó 25.000 millones de pesos aportados por la Nación, Gobernación del Huila y Alcaldía de Neiva.
“También exijo la máxima condena por homicidio, pues la tragedia dejó cuatro muertos, así como viudas, huérfanos y madres sin hijos”, señaló la mujer de 44 años.
Esta madre de tres hijos aseguró que no hubo planeación en la ejecución de las obras, ni se compraron materiales de calidad y, además, los contratistas no tuvieron en cuenta medidas de seguridad para proteger la vida de los trabajadores.
Por ser una contratación amañada, todos jugaron con la vida de nuestros familiares
En más de una ocasión su esposo Wilson le comentó que “eran víctimas de acoso y que laboraban largas jornadas porque la obra debía ser entregada sin atrasos el 31 de octubre”.
Tampoco olvida que el día de la tragedia él le habló de ahorrar plata para adquirir un lote y construir el rancho para sus hijos pero en medio de todo le da gracias a Dios pues obtuvo la pensión de su esposo con un salario mínimo.
Cindy Vargas, familiar de Eliberto Vélez López, no quiere casa por cárcel ni rebaja de penas para los responsables de la muerte de su suegro.
“Por ser una contratación amañada, todos jugaron con la vida de nuestros familiares”, señaló Cindy.
Para hinchas del Atlético Huila, como Cristian Bautista, líder de la barra Alta Tensión Sur, las capturas “fueron una noticia excelente para la ciudad pues seguramente vendrán condenas”.
“En Neiva todos sabemos que en ese proceso de contratación reinó la corrupción política, lo cual trajo como consecuencia todo este desastre con muertos, heridos, millones de plata perdida y una ciudad sin estadio”, dijo el aficionado.
Señaló que, por todo esto, en cada partido del Atlético Huila solo ingresan 2.500 aficionados para evitar que el resto de la estructura se derrumbe pero “ver el estadio caído es indignante, los hinchas hemos llorado”.
Considera que el desastre también ha afectado la economía de la ciudad ya que los partidos mejoraban las ventas en hoteles, restaurantes y hasta aumentaban los ingresos de los vendedores de agua, helados, fritanga y camisetas.
“Ojalá que en todo esto reine la justicia”, afirmó Cristian Bautista.
Mateo Trujillo, concejal de Neiva, aseguró que, según estudios de peritazgo de una empresa privada y de la Contraloría General de la República, la obra no cumplió con el objeto contractual del contrato que era el reforzamiento estructural de la tribuna occidental.
“En el proyecto que se presentó para gestionar recursos, en el contrato y en la licencia de construcción, se hablaba siempre de reforzamiento estructural, pero no lo hicieron, y lo que se vio fue mucha modificación en cantidades de obra sin autorización de la curaduría urbana ni del calculista”, afirmó el concejal Trujillo.
Tomado de ELTIEMPO.COM
