El Contralor Departamental del Huila Amaury Luis Flórez Reino, fue recusado por el gerente de Empitalito Henry Liscano Parra, por su intervención directa de auditoría exprés a Empitalito y endilgarle señalamientos sin fundamento.
El Contralor, cuya actuación ha sido catalogada por algunos como una clara persecución contra el gerente Liscano Parra, que lo acusa de causar detrimento patrimonial en la contratación para la construcción de la fachada de la sede de Empitalito por cerca mil millones de pesos, que Liscano no contrató. Ese contrato lo firmó la gerente anterior que hizo el anticipo del valor correspondiente.
Lo que Liscano hizo fue conseguir que el contratista devolviera ese anticipo con los rendimientos financieros, dineros utilizados por la empresa en la modernización de la planta de tratamiento del acueducto que se está ejecutando.
Le endilga detrimento en el proyecto Pitalito Limpio y Bonito, cuyas inversiones están soportadas en la construcción de las contempladas en el programa de mejoramiento y mantenimiento de zonas verdes, parques, glorietas y avenidas.
El contralor una vez recusado y decretada la medida por la Procuraduría General de la Nación que lo aparta del caso, continúa su plan de persecución contra el gerente y entonces ordena mediante resolución, otra auditoría de 10 días a la empresa Empitalito.
La pregunta hoy es, ¿Cuál es el interés del Contralor de pretender sancionar a un servidor público, sin darle las garantías de defensa, de ser escuchado, de debatir las pruebas?
¿Por qué no se acoge a la determinación de la Procuraduría?
Según la Procuraduría en el estudio de la recusación contra el Contralor este “emitió concepto fuera de la actuación administrativa sobre la investigación, en rueda de prensa del 6 de octubre de 2020, en la que lanzó juicio de valor incurriendo en un prejuzgamiento” contra el gerente de Empitalito, es decir, lo condenó sin antes haber adelantado un proceso de investigación y valoración.
El procedimiento de Flórez Reino, al intervenir en la auditoría exprés, en el informe final, en el plan de mejoramiento y en todos los procesos de responsabilidad fiscal en primera instancia, vulnera los derechos del servidor público investigado al hacer un informe público de las actuaciones de la auditoría practicada a las Empresas Públicas de Pitalito, sin las previsiones del debido proceso hacia la persona por investigar, y de presunción de inocencia de uno de los principios constitucionales que ha de garantizar, de “toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable”.
Estas y otras inconsistencias aplicadas en una investigación con visos de persecución, llevaron al gerente Liscano Parra a solicitar al ente correspondiente la recusación al Contralor Amaury Luis Flórez Reino, para que se aparte del conocimiento de este proceso y lo tome un Contralor Ad Hoc alejado de toda prevención, solamente ajustado a la ley.
