El primer punto se refiere a la creación de una jurisdicción especial para la paz, que garantizará, según el presidente Santos, la no impunidad de los delitos cometidos.
Dicho tribunal, aseguraron los garantes, estará compuesto por magistrados Colombianos y una minoría de extranjeros que cumplan los más altos requisitos.
El fin de este tribunal, señala el documento, “es acabar con la impunidad, obtener verdad y contribuir con la reparación de las víctimas”.
De esta manera, esta jurisdicción especial para la paz contempla imponer sanciones a los responsables de los delitos del conflicto armado y para acceder a cualquier tratamiento especial es necesario aportar al conocimiento de verdad plena, repara ración de las víctimas y garantizar la no repetición.
Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 años en condiciones especiales.
Las personas que hagan su reconocimiento de manera tardía serán sancionadas con penas de prisión de 5 a 8 años en condiciones ordinarias.
Así mismo, las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables, podrán ser condenados a prisión de hasta 20 años en condiciones ordinarias.
Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.
Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años en condiciones ordinarias.
En el punto 5 del acuerdo, se señala que los delitos de lesa humanidad no serán objeto de impunidad, amnistía o indulto, y que deberán ser sometidos a investigación los crímenes de guerra como la toma de rehenes, privación de la libertad, tortura, desalación forzosa, desplazamiento forzoso, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.
Estas medidas están sujetas en todo caso, a la dejación de las armas por parte de las Farc, que se tendrá que dar en un plazo máximo de 60 días luego de la firma definitiva de la paz.
Por último, en el acuerdo el Gobierno se comprometió a apoyar la formación de un partido político legal, objetivo que según los garantes, es compartido.
Las conversaciones del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc iniciaron formalmente el 19 de noviembre de 2012 y tienen a Cuba y Noruega como garantes, y a Venezuela y Chile como acompañantes.
El tema de justicia, que comenzó a discutirse en julio, es uno de los más complejos del proceso, pues ambas partes se culpan mutuamente de ser los principales responsables de la violencia armada, que en medio siglo ha dejado 220.000 muertos y seis millones de desplazados, según cifras oficiales.
Ambas partes han cerrado el tema de la reforma rural (mayo 2013), participación política (noviembre de 2013) y drogas ilícitas (mayo 2014). Además acordaron en marzo de este año un programa de desminado y en abril, la conformación de una Comisión de la Verdad.
Tras llegar a un acuerdo en justicia transicional solo quedaría un punto pendiente en la agenda, el referente al de fin del conflicto, que incluye la dejación de armas y desmovilización de los guerrilleros.
Con AFP
